DEFENSA CIVIL EN EL PERU

ANTECEDENTES HISTORICOS

La Defensa Civil, tuvo su origen y nacimientos en los escenarios de la guerra. Sin embargo pronto se cayó en cuenta que esta poderosa y efectiva organización podría ser utilizada adecuadamente durante la paz, remediando las calamidades ocasionadas por desastres, y que siendo casi siempre imposible de predecir, tomaban por sorpresa a las regiones afectadas produciendo enormes pérdidas no sólo en el elemento humano, sino en el campo económico, que venía a sumir en la pobreza y la desesperación a los pueblos.
A raíz del terremoto y aluvión del 31 de Mayo de 1970 que asoló el Callejón de Huaylas y destruyó la ciudad de Yungay causando aproximadamente 67,000 víctimas, el Gobierno vio por conveniente unir los esfuerzos existentes para proteger a la población frente a las catástrofes y creó un organismo que en forma permanente vele por la seguridad de la nación frente a los desastres; por eso, el 28 de Marzo de 1972 mediante Decreto Ley Nº 19338 se creó el Sistema de Defensa Civil; actualmente denominado Sistema Nacional de Defensa Civil-SINADECI.

EL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL.

El sistema de defensa civil está constituido por el conjunto de organismos creados en los diferentes niveles de la división político-administrativo del país, Ara prevenir y, al ayudar a proteger a la población de los daños que pudieran causar poca usarlo desastre de cualquier origen o calamidades.
Todos los Peruanos hombres, mujeres y niños

tienen la obligación moral de prepararse en la educación de la defensa civil, para poder ayudarnos unos a otros y determinadas seguridad; así como también acudir en ayuda de todas las personas, instituciones y sociedad en general, justificando nuestra preparación al servicio de la humanidad.

¿QUE ES LA DEFENSA CIVIL?

La Defensa Civil es una actividad de servicio permanente del Estado en favor de la comunidad, que tiende a desarrollar y coordinar las medidas de todo orden destinadas a predecir y prevenir desastres de cualquier origen, a limitar, mitigar o neutralizar los daños que tales desastres pudiesen causar a personas y bienes, así como a realizar, en las zonas afectadas, las acciones de emergencia para permitir la continuidad del régimen administrativo y funcional en todos los órdenes de actividad.